Informalidad económica: un espejismo a superar en América Latina

A pesar que América Latina es una región heterogénea en términos económicos, sociales, bancarios y financieros, gran parte de los países que la integran arrastran una problemática común a gran parte de los mercados emergentes: la informalidad económica.

20 febrero 2020 |

A pesar que América Latina es una región heterogénea en términos económicos, sociales, bancarios y financieros, gran parte de los países que la integran arrastran una problemática común a gran parte de los mercados emergentes: la informalidad económica.

Este resulta ser un problema de antigua ocurrencia y que hoy por hoy sigue vigente afectando negativamente las posibilidades de crecimiento, transaccionalidad y mejora de las condiciones laborales en el tiempo. Recientes trabajos han evidenciado que el problema lejos encontrar soluciones, va en aumento y persistencia en particular en lo que se refiere al mercado laboral.

Vale la pena destacar lo que al respecto encuentra muy recientemente la OIT (2020) en su informe sobre la situación laboral en América Latina. Una oportunidad para llamar la atención sobre un obstáculo estructural al crecimiento económico de la región.

¿Por qué la informalidad es una problemática?

La economía informal, en concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “comprende más de la mitad de la mano de obra mundial y más del 90 por ciento de las microempresas y pequeñas empresas (MiPyMEs) a escala mundial”. Este fenómeno incluye una gran diversidad de fenómenos que incluyen (pero no se limitan a) salarios bajos, ausencia de garantías laborales, limitada financiación, alta iniquidad de género, cobertura limitada de protección social, bajos niveles de apoyo estatal y baja movilidad social, entre otros aspectos.

Sumado a lo anterior, la economía informal ofrece pocas barreras de entrada, pues los requisitos para acceder a ella en términos de ingresos, nivel educativo, habilidades y competencias, productividad, tecnología y capital son nulos o muy escaso.

Muchas personas y pequeñas empresas operan en la informalidad no por elección, sino por necesidad y/o por falta de oportunidades (laborales o de negocio, respectivamente). Además, sus retornos sobre la inversión son mínimos, la aplicación de la regulación vigente tiende a ser baja, y profundiza significativamente la desigualdad económica – al afectar negativamente la distribución del ingreso.

En pocas palabras, la informalidad económica es un lastre, y dada su preponderancia en los países emergentes, se constituye como un obstáculo para generar crecimientos económicos altos, sostenidos, y que beneficien a todos los estamentos de la población por igual.

Desempleo y economía informal.
En línea con lo anterior, es posible afirmar que los países de América Latina son altamente informales y que, desafortunadamente, no es un fenómeno de tiempos recientes. Esta informalidad se evidencia principalmente en sus mercados laborales en forma de bajos niveles de cobertura de protección social, de ahorro para el retiro, de garantías laborales y, evidentemente, de ingresos dignos.

Los agentes económicos con niveles bajos de ingresos, ausencia de los mismos y/o con ingresos irregulares son, por lo general, aquellos en la puerta de entrada a la economía informal. Recientemente, la OIT señaló que la desaceleración económica de América Latina se está trasladando a los mercados laborales en forma de aumentos en la tasa de desocupación. De hecho, la tasa de desempleo regional (promedio simple de 14 países) ascendió a 7.3% al cierre de 2019 (en comparación con 6.8% un año atrás).

Ahora bien, aunque este aumento en la tasa de desempleo regional no puede catalogarse como significativo, es necesario prestar atención a un eventual cambio de tendencia que pueda profundizar la escasez de demanda de trabajo de las empresas en el mediano plazo, y que a su vez repercuta en mayores niveles de informalidad.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional señaló que espera un repunte en el crecimiento económico de América Latina de 1.9% en 2020 (versus su estimación anterior de 0.1%, en octubre de 2019). Este bajo ritmo de crecimiento de la región es insuficiente para atender en forma puntual y cabal las demandas sociales de su población. Ello, a su vez, alimenta el círculo vicioso que promueve la entrada de varios sectores de la población a la economía informal.

Informalidad: unos pierden más que otros.
Sin embargo, mejorar las condiciones laborales de aquellos que trabajan en la economía informal requiere una visión integral. Al dar un vistazo más detallado a este fenómeno, se evidencia que el impacto entre grupos de edad y género es sumamente heterogéneo.

El impacto negativo de la desaceleración económica y la informalidad es mayor en las mujeres. Concretamente, la tasa de desempleo en mujeres (promedio simple de 14 países) en 2019 fue de 8.9% (en comparación con 6.1% en el caso de los hombres).

Además de las mujeres, otro grupo poblacional altamente vulnerable ante la desaceleración económica son los jóvenes (aquellos entre 15 y 24 años de edad), lo cual se refleja en el mercado laboral ya que su tasa de desempleo, en promedio, es más del doble que aquella de la población total. De no abordarse integralmente esta problemática, podría conllevar a su exclusión social y a limitar las posibilidades de movilidad social en el mediano y largo plazo, además de ser una fuente más de descontento social.

El sector formal también pierde con la informalidad.

Hay que tener presente que los sectores formal e informal de la economía están interconectados, y que operan en forma complementaria, en forma de cadenas de valor subcontratadas, relaciones de negocios no reguladas o no supervisadas, y acuerdos cuya duración en el tiempo no es estable.

Uno de los sectores que mayor impacto negativo recibe a causa de la informalidad económica es el sector financiero y en especial el bancario. De hecho, el último Informe de Inclusión Financiera de FELABAN, luego de un sondeo entre las asociaciones bancarias de la región, encontró que la informalidad económica es uno de los obstáculos más grandes en América Latina para avanzar en la agenda de la inclusión financiera (solo superada por la escasa educación financiera del público, por un margen mínimo).

La informalidad económica afecta significativamente la inclusión financiera, pues impacta negativamente su capacidad de ahorro, fuerza a los hogares a ser sujetos de crédito informal (bajo condiciones onerosas y tasas de interés muy altas), y les impide ser sujetos de transferencias monetarias del estado mediante canales formales. Por su parte, las empresas informales no cuentan con la capacidad de invertir en nuevas tecnologías, lo que a su vez las hace menos productivas y, en consecuencia, operan con niveles de competitividad significativamente inferiores a empresas similares en el sector formal.

Desafortunadamente, la regulación de muchos países (América Latina no es la excepción) desincentiva la inclusión financiera de los agentes informales, pues exige que un requisito para ello sea pertenecer al sector formal. A modo de ejemplo, es necesario contar con un documento de identidad o registro de nacimiento para que una persona pueda acceder a una cuenta bancaria, o contar con un certificado de existencia empresarial o un documento de identidad tributario para que una PyME o una empresa unipersonal pueda acceder al sector financiero formal.

Finalmente, dicha informalidad refuerza un círculo vicioso caracterizado por bajos ingresos fiscales, desaprovechamiento de oportunidades educativas, generación de oportunidades laborales que frecuentemente no observan las legislaciones vigentes, y debilitamiento de la competitividad del sector empresarial del país, y del país per se, a nivel regional e internacional.

En forma indirecta, la informalidad económica erosiona la capacidad de los estados de proveer mejores soluciones de salud, educación, infraestructura y seguridad, entre otros, a su población. Pero hay que ser claros, el reto de una mayor formalidad económica implica que el estado ofrezca un mayor beneficio a los agentes sobre los costos que se derivan de estar por fuera de la misma. El estado debe actuar como un agente más eficaz que entregue beneficios e incentivos tangibles para la formalización. Ello necesariamente debe implicar una administración más efectiva y de mejor calidad, unas instituciones más transparentes, y un mejor uso de los limitados recursos.

Ahora bien, aunque es cierto que la eficiencia del gasto varía significativamente entre países y que su focalización no siempre es la deseada, en este sentido es imperioso que el despilfarro y la corrupción desaparezcan para dar paso a administraciones que inviten a la ciudadanía (empresas y personas) a integrarse plenamente al circuito económico de manera voluntaria. De lo contrario, seguiremos en un círculo que, lejos de ser virtuoso, aumenta las brechas entre la población y menoscaba las posibilidades de crecimiento futuro.

Reducir los niveles de informalidad, pues, requiere una visión integral del fenómeno, dado que sus causas no cuentan con un origen único. La interacción entre sector público y sector privado es clave, mediante la discusión e implementación de políticas públicas integrales y de largo plazo.

Actualizar las normas laborales acorde con los tiempos actuales, facilitar la vida de los agentes económicos en su relación con el estado (en materia de identificación, trámites y tributación, entre otros), mejorar los sistemas de seguridad social, incentivar el uso de mecanismos formales transaccionales con beneficios tangibles, mejorar los sistemas de información de la población aprovechando las nuevas tecnologías disponibles y actualizar los censos económicos nacionales con periodicidades más frecuentes, son algunas ideas que podrían jugar en favor de una mayor formalidad.

La solución no está a la vuelta de la esquina y la tarea es larga. Por ello hay que actuar ya, y con mucha rapidez